Ecologistas en Acción de Granada ha denunciado ante la Unión Europea las obras de acondicionamiento de los barrancos del río Darro, afluente del Genil, a su paso por el barrio del Sacromonte y el Camino de Beas en Granada, financiadas con fondos Feder, al considerar que atentan contra la Directiva Marco de aguas y el Convenio Europeo del Paisaje, unas obras responsabilidad Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de las que el Ayuntamiento de Granada se habría enterado por la misma denuncia de los ecologistas, ya que no cuentan ni con permiso de obra ni con licencia ambiental.
Estas obras, previstas en un convenio firmado por la CHG y el Ayuntamiento en 2003 y que preveían la inversión de hasta 13,5 millones procedentes de los fondos Feder en la renovación de infraestructuras hídricas de la ciudad. Son los algo más de dos dedicados a reacondicionar los barrancos del Sacromonte, en concreto a la "recuperación del espacio fluvial, que se encuentra ocupado ilegalmente y la restitución del terreno a sus condiciones originales o, al menos, a las más próximas a su estado natural" los que el coordinador provincial de la organización ecologista, Javier Egea, denunció como "injustificables y un despilfarro".
En concreto, la construcción de un muro y varias canalizaciones entre los barrancos hacia la zona del Barranco del Hornillo es la actuación sobre la que avisan de la falta de licencia ambiental, así como del permiso de obra concurrente. Para los denunciantes "no se concibe" que "hacer unas zanjas en unos cuantos barrancos", un "murito inútil de menos de un metro de altura" junto a "un trozo" del camino y la futura señalización del sendero junto a la Acequia Real de la Alhambra "que casi está terminado" pueda "costar más de dos millones de euros", hecho por el cual piden la actuación del Parlamento Europeo "para que aclare qué se está haciendo con los fondos FEDER".
Se da la circunstancia de que esta obra en concreto, la "corrección ambiental" de la margen derecha del Darro a su paso por el Sacromonte se suponían encuadradas como "actuaciones de reconocida urgencia e interés público, consideradas en el 'Plan de Restauración Hidrológica y Protección de Cauces 2000-2008" puesto en marcha por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y sufrieron retrasos, entre otras, por el conflicto debido al mencionado convenio entre CHG y Ayuntamiento de Granada en 2003.
